Como es bien sabido, este contenido negativo implica además una carga de protección en cabeza del Estado, que está obligado a garantizar el derecho en un aspecto formal y material. Este deber de garantía consiste en proteger el derecho que tiene el ciudadano a controlar sus propios datos personales, con la imposición a los demás no solo de deberes de abstención sino también de deberes de acción o de prestación.